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Con la flamante normativa, el proveedor de servicios digitales (cualquier web corporativa, medios de comunicación, etc) deberá mostrarnos claramente información sobre el tipo de cookies que utiliza, proporcionarnos la posibilidad de modificar la configuración de aquellos que consideramos invasivos, y poner a nuestra disposición la casilla ACEPTO.

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La nueva guía sobre el uso de las cookies editada por la AEPD en julio de este año indica que el acceso a los servicios y funcionalidades de una web no debe supeditarse a la aceptación por parte del usuario, aunque también señala que pueden existir supuestos en los que la no aceptación impida el acceso y la utilización del servicio, extremo que habrá que informar ofreciendo además una alternativa de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso de cookies.

Sin duda alguna, la nueva reglamentación afecta de lleno a los sectores directamente implicados como el marketing digital y el de los medios de comunicación, los cuales dada la creciente concienciación ciudadana en este sentido, deberán revisar sus políticas publicitarias haciéndolas mas conciliables con la privacidad ciudadana.

ayudaemprende y EXTERNALIX DAT, te informan. Noviembre 2020.

Fuente: ayudaemprende

La entrada Evitar publicidad digital indeseada, ahora mas fácil con la nueva normativa sobre cookies se publicó primero en Externalix.

La realidad es que en España existen 3,2 millones de autónomos, de los cuales el 85% cotizan por la base mínima.

Cotizar por la base mínima significa declarar que se ganan 944 euros al mes y afrontar el pago de una cuota fija mensual de 286 euros a la Seguridad Social, independientemente de cual sea la realidad de las cuentas del negocio. Y eso es precisamente lo que quiere modificar el Gobierno, que ha anunciado “cambios inminentes� en la cotización de los autónomos.

Existe alto nivel de consenso en considerar que el sistema actual no es sostenible desde el punto de vista del mantenimiento de la Seguridad Social y de las Pensiones, sin embargo las voces son discordantes en cuanto a las medidas a tomar.

De momento el Gobierno ha presentado a las principales Asociaciones de Autónomos un borrador que supone una clara declaración de intenciones:

• Las Bases de cotización se ordenarían en tramos semejantes a los existentes para el IRPF:

– Quienes declaren ingresos de menos de 12.000 euros seguirán tributando por la base mínima y recibirían incluso rebajas que –en el borrador actual—podría llegar hasta el 50% de lo que cotizan.

– Aunque los tramos están todavía cerrándose, quienes obtengan rendimientos netos de 24.000 o 25.000 euros seguirían cotizando como hasta ahora.

– Pero a partir de ese nivel, las cotizaciones a la Seguridad Social irían creciendo hasta llegar a la base máxima a los que obtengan rendimientos iguales o superiores a los 45.000 euros anuales.

• La idea es determinar la base de cotización en función de los ingresos netos obtenidos el año anterior. Si se aplicara en 2021, como parece que se hará, la idea es determinar esa base de cotización a partir del Rendimiento de Actividades Económicas obtenidas durante ese mismo ejercicio.

Es decir, será la declaración de IRPF la que determine la base de cotización final, y se procederá a una regularización por parte de la Seguridad Social. Tanto a devolver como a ingresar.

El sistema propuesto por el Gobierno supondría un incremento de cotización y cuota a pagar para 700.000 autónomos y un incremento de recaudación general por este concepto del 20%.

De momento las posturas están muy encontradas. Las Asociaciones de autónomos consideran inoportuna cualquier subida de cuotas debido a la situación económica que ha generado la pandemia, el Gobierno señala que la aplicación de la reforma sería gradual y lenta con afectación muy parcial, sólo a aquellos autónomos con rentas netas superiores a 25.000 €.

Atentos.

 Ayudaemprende y Externalix te informan. Noviembre 2020

Fuente: ayudaemprende

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Recordamos aquí que el ámbito de aplicación del teletrabajo es aquel que se desarrolla al menos en un 30% de la jornada acordada, que tiene carácter voluntario y que las condiciones de su ejecución deben de quedar recogidas en un acuerdo de trabajo a distancia formalizado por escrito.

Dentro del contenido mínimo obligatorio de dicho acuerdo se encuentran entre otros, aspectos de índole tecnológica como es la realización de un inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, los medios de control empresarial de la actividad y el procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

También dentro del acuerdo deben de abordarse  instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

Así mismo la norma establece que la utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados y que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

El Real Decreto-Ley indica que las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades del trabajo a distancia.

También se indica el derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo limitando el uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada.

La empresa elaborará una política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona empleada vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en el trabajo a distancia y la organización adecuada de la jornada de forma que sea compatible con la garantía de tiempos de descanso.

Más allá de la buena fe contractual que preside una relación laboral las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre protección de datos y seguridad de la información fijadas por la empresa, así como las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos.

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

En definitiva con el fin de evitar conflictividad laboral, mientras los convenios colectivos no sean referencia en materia de teletrabajo, es fundamental el establecimiento de un acuerdo de trabajo a distancia que defina con la mayor claridad posible las condiciones de uso de los medios tecnológicos entregados, los periodos de desconexión digital, un protocolo de obligado cumplimiento en materia de seguridad informática y de protección de datos, y la implementación de medidas de control laboral en el marco de las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia.

A recordar como hecho muy relevante que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia, lo cual conduce a que sean las empresas las que faciliten los medios tecnológicos pues si fueran propiedad de las personas trabajadoras impedirían notablemente el desarrollo de las facultades de control inherentes a la figura del empresario.

EXTERNALIX, te informa.

Fuente: ayudaemprende

La entrada El teletrabajo, regulación de sus derivadas tecnológicas y protección de datos se publicó primero en Externalix.

El trabajo a distancia regulado es aquel que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa.

En la actualidad y de forma acelerada debido a la COVID-19  EL TELETRABAJO supone sin duda alguna la modalidad fundamental del trabajo a distancia. A través del TELETRABAJO se desarrolla la prestación laboral total o parcialmente fuera de las dependencias de la empresa utilizando las tecnologías de la información.

Pasamos a desarrollar los aspectos más relevantes de la nueva regulación del trabajo a distancia y del TELETRABAJO en particular:

• El ámbito de aplicación de la norma se extiende a las relaciones de trabajo que se presten, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Así pues, para una jornada completa se aplicará a los teletrabajos superiores a 12 horas a la semana.
• El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la formalización escrita y firma del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior. Cualquier modificación posterior de dicho acuerdo deberá también ser escrita y firmada.
• La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la persona trabajadora. El ejercicio de esta reversibilidad podrá ejercerse en los términos establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia.
• El contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia incluirá. a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, consumibles y los elementos muebles. b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación. c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad. d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso. e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial. f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia. g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso. h) Medios de control empresarial de la actividad. i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia. j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia. k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia. l) Duración del acuerdo.
• Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos laborales que los trabajadores presenciales y su paso de una modalidad a otra no supondrá menoscabo alguno en tales derechos. En concreto se garantizan el derecho a la formación, a la promoción profesional, a la dotación suficiente de medios, equipos y herramientas, así como a la compensación de gastos y Otros derechos como derecho a un horario flexible, y a la prevención de riesgos laborales. Se regulan así mismo otra serie de derechos relacionados con el uso de medios digitales, derecho a la intimidad y a la protección de datos y el derecho a la desconexión digital.
• Salvaguardando los anteriores derechos, la empresa ejercerá las facultades de control y organización que corresponden a la empresa, que garanticen el  uso y conservación adecuados de los equipamientos entregados, las limitaciones de uso personal de los equipos y conexiones, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad, debiendo cumplir las personas trabajadoras las instrucciones.
• Los trabajos a distancia sin acuerdo escrito que  se vengan desarrollando  con anterioridad a la presente norma deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde el 22 de octubre, fecha de entrada en vigor del Real-Decreto.

ayudaemprende y EXTERNALIX informan.

Fuente: ayudaemprende

La entrada El teletrabajo requerirá acuerdo por escrito entre empresa y persona trabajadora se publicó primero en Externalix.

Históricamente la Seguridad Social ha venido negando la tarifa plana a los autónomos societarios (personas soci@s de sociedades mercantiles que trabajan habitualmente en ellas y que cotizan por el régimen de autónomos por ostentar al menos el 25% del capital social de la sociedad)

A estos autónom@s se les aplicaba desde el inicio de su cotización la cuota ordinaria, lo cual suponía un hecho injusto y una desventaja competitiva muy importante respecto a los autónomos que actuaban empresarialmente como personas físicas.

Ahora la jurisprudencia creada por numerosas sentencias ha obligado a la Seguridad Social a reconocer formalmente el derecho de estos autónomos a la ayuda, de manera que los autónomos societarios podrán acceder a la Tarifa plana.

De esta forma, todos los nuevos autónomos que se den de alta como miembros de una sociedad mercantil, tienen reconocido el derecho a acogerse a la Tarifa Plana.

El criterio también permite reclamar a la Tesorería la prestación por parte de aquellos autónomos societarios que ya estuviesen dados de alta, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde el cobro de la primera cuota como autónomo societario. Para ello habría que presentar un escrito ante la Tesorería solicitando la devolución de los ingresos indebidos por no aplicación de la Tarifa Plana. La Administración tiene un plazo de seis meses para resolver la petición.

La devolución de ingresos indebidos puede suponer un bombazo económico para las arcas de la Seguridad Social teniendo en cuenta que un autónomo societario que solicite el cobro íntegro de todo el periodo bonificable, podría recuperar entre 2.500 a 5.000 € dependiendo del tipo de tarifa plana al que tendría derecho a la fecha de alta.

No obstante hay que tener en cuenda dos cosas:

• En el momento del alta habría que tener derecho a la tarifa plana:

Autónomo que se hubiera dado de alta hasta el 31 de diciembre 2017:

• Que haya sido su primera alta en RETA.
• Ó que no haya estado en alta en RETA en los 5 años anteriores a la fecha de alta.

Autónomo que se hubiera dado de alta a partir del 1 de enero de 2018:

• Que haya sido su primera alta en RETA.
• Ó que no haya estado en alta en RETA en los 2 años anteriores a la fecha de alta.
• Ó que no haya estado de alta en RETA en los 3 años anteriores cuando el trabajador autónomo ya hubiera disfrutado de la tarifa plana.

• Y que sólo se pueden solicitar las bonificaciones, cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde el cobro de la primera cuota como autónomo societario.

Así pues los autónomos societarios serán plenos beneficiarios de la tarifa plana. No obstante a la fecha de la presente, aún tenemos algunas dudas respecto a la mecánica de solicitud de ingresos indebidos, los cómputos de prescripción (desde la resolución de alta o desde la primera cuota no bonificada y no prescrita) y otra letra pequeña que pueda afectar a la condición doble de socio trabajador y administrador de la sociedad. La TGSS debería aclarar rápido la cuestión.

Inmediatamente nos pondremos a analizar los casos de nuestros clientes. Adjuntamos el cambio de criterio emitido por la TGSS.

EXTERNALIX INFORMA

Fuente: ayudaemprende

La entrada Los autónomos societarios ya están en la tarifa plana. ¡Por fin¡ se publicó primero en Externalix.

La persona trabajadora causará baja por IT en los casos de positivo o de aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún positivo.

El empleador ¿Tiene derecho a conocer dicha situación?

La persona trabajadora ¿Tiene obligación de comunicar dicha situación  a la empresa?

¿Cómo encaja la a normativa de protección de datos personales en este escenario de pandemia?

Aclaramos dichas cuestiones en base a las respuestas que la AEPD está efectuando en este sentido.

La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental del ciudadano, no obstante no se trata de un derecho absoluto. Su aplicación será proporcionada cuando entre en juego otro derecho fundamental de carácter superior como es el interés vital del ciudadano. Esta situación excepcional ya viene recogida en el propio RGPD que alude a la licitud del tratamiento de datos para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano.

No obstante cuando hablamos de datos de la salud, y los análisis COVID lo son, se necesita además una justificación explícita para su utilización y tratamiento.

A nivel empresarial dicha circunstancia la encontramos en las relaciones ente empleador y empleado, por cuanto el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento (el empleador) o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, ya que el empleador está sujeto o a la normativa de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales) de la cual se desprende,  un deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, para lo cual el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo,   estableciéndose obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Así, corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Ello se concreta en que deberán de informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores; contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En el ámbito de la situación actual derivada del covid-19 ello supone que el trabajador deberá informar a su empleador en caso de sospecha de contacto con el virus, a fin de salvaguardar, además de su propia salud, la de los demás trabajadores del centro de trabajo, para que se puedan adoptar las medidas oportunas.

En definitiva, y en aplicación de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales, y de medicina laboral, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con dicha normativa y con las garantías que estas normas establecen, los datos de sus empleados necesarios para garantizar la salud de todos sus empleados, lo que incluye igualmente al resto de empleados distintos del interesado, para asegurar su derecho a la protección de la salud y evitar contagios en el seno de la empresa y/o centros de trabajo.

Ahora bien, el empleador deberá ajustarse de forma estricta a las instrucciones dictadas por las Autoridades sanitarias (Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad, o Administración competente) sin que unilateralmente implemente medidas que pudieran ser consideradas excesivas e injustificadas para el caso que nos ocupa.

Además, el hecho que el interés vital predomine no significa la eliminación de la normativa de protección de datos, más bien hay que conciliar ambos derechos fundamentales respetando al máximo los principios de la protección de datos relativos a la licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad (en este caso, salvaguardar los intereses vitales/esenciales de las personas físicas), principio de exactitud, y por supuesto, y hay que hacer especial hincapié en ello, el principio de minimización de datos.

Sobre este último aspecto hay que hacer referencia expresa a que los datos tratados habrán de ser exclusivamente los limitados a los necesarios para la finalidad pretendida, sin que se pueda extender dicho tratamiento a cualesquiera otros datos personales no estrictamente necesarios para dicha finalidad, sin que pueda confundirse conveniencia con necesidad.

La AEPD ha publicado recientemente PREGUNTAS FRECUENTES acerca del tratamiento del COVID en el seno de las empresas:

– ¿Pueden los empresarios tratar la información de si las personas trabajadoras están infectadas del coronavirus?

Los empleadores podrán tratar los datos de la salud de sus empleados en relación al coronavirus pues son necesarios para garantizar su salud y adoptar las medidas necesarias por las autoridades competentes, lo que incluye igualmente asegurar el derecho a la protección de la salud del resto del personal y evitar los contagios en el seno de la empresa y/o centros de trabajo que puedan propagar la enfermedad al conjunto de la población. La empresa podrá conocer si la persona trabajadora está infectada o no, para diseñar a través de su servicio de prevención los planes de contingencia que sean necesarios, o que hayan sido previstos por las autoridades sanitarias. Esa información también puede ser obtenida mediante preguntas al personal. Sin embargo, las preguntas deberían limitarse exclusivamente a indagar sobre la existencia de síntomas, o si la persona trabajadora ha sido diagnosticada como contagiada, o sujeta a cuarentena. Resultaría contrario al principio de minimización de datos la circulación de cuestionarios de salud extensos y detallados, o que incluyan preguntas no relacionadas con la enfermedad.

 – ¿Pueden transmitir esa información al personal de la empresa?

Esta información debería proporcionarse sin identificar a la persona afectada a fin de mantener su privacidad, si bien, podría transmitirse a requerimiento de las autoridades competentes, en particular las sanitarias. La información debe proporcionarse respetando los principios de finalidad y proporcionalidad y siempre dentro de lo establecido en las recomendaciones o instrucciones emitidas por las autoridades competentes, en particular las sanitarias. Por ejemplo, si es posible alcanzar la finalidad de protección de la salud del personal divulgando la existencia de un contagio, pero sin especificar la identidad de la persona contagiada, debería procederse de ese modo. Si, por el contrario, ese objetivo no puede conseguirse con información parcial, o la práctica es desaconsejada por las autoridades competentes, en particular las sanitarias, podría proporcionarse la información identificativa.

 – ¿Se puede pedir a las personas trabajadoras y visitantes ajenos a la empresa datos sobre países que hayan visitado anteriormente, o si presentan sintomatología relacionada con el coronavirus?

Con independencia de que las autoridades competentes, en particular las sanitarias, establezcan estas medidas por una cuestión de Salud Pública y que así lo comuniquen a los centros de trabajo, los empleadores tienen la obligación legal de proteger la salud de las personas trabajadoras y mantener el lugar de trabajo libre de riesgos sanitarios, por lo que estaría justificada la solicitud de información a los empleados y visitantes externos sobre síntomas o factores de riesgo sin necesidad de pedir su consentimiento explícito (RGPD y Ley de Prevención de Riesgos Laborales). La información a solicitar debería responder al principio de proporcionalidad y limitarse exclusivamente a preguntar por visitas a países de alta prevalencia del virus y en el marco temporal de incubación de la enfermedad, las últimas 2 semanas, o si se tiene alguno de los síntomas de la enfermedad. Resultaría contrario al principio de minimización de datos la utilización de cuestionarios de salud extensos y detallados, o que incluyan preguntas no relacionadas con la enfermedad.

– ¿El trabajador tiene obligación de informar a su empleador de esta circunstancia?

Los trabajadores que, tras haber tenido contacto con un caso de coronavirus, pudieran estar afectados por dicha enfermedad y que, por aplicación de los protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias competentes, se ven sometidos al correspondiente aislamiento preventivo para evitar los riesgos de contagio derivados de dicha situación hasta tanto se disponga del correspondiente diagnóstico, deberán informar a su empleador y al servicio de prevención o, en su caso, a los delegados de prevención (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) La persona trabajadora en situación de baja por enfermedad no tiene obligación de informar sobre la razón de la baja a la empresa, sin embargo, este derecho individual puede ceder frente a la defensa de otros derechos como el derecho a la protección de la salud del colectivo de trabajadores en situaciones de pandemia y, más en general, la defensa de la salud de toda la población.

 – ¿El personal de seguridad puede tomar la temperatura a los trabajadores con el fin de detectar casos coronavirus?

Verificar si el estado de salud de las personas trabajadoras puede constituir un peligro para ellas mismas, para el resto del personal, o para otras personas relacionadas con la empresa constituye una medida relacionada con la vigilancia de la salud de los trabajadores que, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, resulta obligatoria para el empleador y debería ser realizada por personal sanitario. En todo caso, el tratamiento de los datos obtenidos a partir de las tomas de temperatura debe respetar la normativa de protección de datos y, por ello y entre otras obligaciones, debe obedecer a la finalidad específica de contener la propagación del coronavirus, limitarse a esa finalidad y no extenderse a otras distintas, y mantenidos no más del tiempo necesario para la finalidad para la que se recaban.

EXTERNALIX. DAT

Fuente: ayudaemprende

La entrada Casos positivos por COVID-19 en la Empresa. ¿Cómo actuar desde la óptica de la protección de datos? se publicó primero en Externalix.

A partir del 1 de julio se producen cambios en el subsidio por cese de actividad de trabajadores autónomos –COVID 19 (CATA).

El nuevo esquema de protección deslinda claramente los dos tipos de ayudas existentes hasta el 30 de junio (la bonificación en el pago de la cuota de autónomos, y el pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad), haciéndolas incompatibles entre si a partir de este mes.

¿Cómo queda la situación ahora?

BONIFICACION DE COTIZACIONES

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo que viniera percibiendo a 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19, tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:

1. a) 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio. 
2. b) 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto. 
3. c) 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre. 

El acceso a esta bonificación será automático y no requerirá ningún trámite ni comunicación.

Pero muy importante ¡¡ La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad que explicamos a continuación;

PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD INICIAL

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, y que lleven al menos 12 meses de alta a dicha fecha, podrán solicitar la prestación por cese de actividad siempre que:

• Se acredite una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

El importe de la prestación continúa siendo el 70% de la base de cotización. El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con efectos de 1 de julio de 2020 si se solicita antes del 15 de julio, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso. Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.

Las mutuas colaboradoras comprobarán directamente con la AEAT o bien directamente del autónomo los datos económicos que corroboren el cumplimiento de los requisitos económicos de esta prestación y procederán a reclamar las prestaciones percibidas por aquellos trabajadores autónomos que superen los límites establecidos, fijando una fecha para el reintegro de la ayuda que deberá hacerse sin intereses o recargo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente y podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, o devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social cuando considere que supera los límites previstos para su obtención.

EN RESUMEN

Los autónomos que vinieran percibiendo el CATA hasta el 30 de Junio.

Una de dos;

• Si han recuperado la actividad mínimamente y prevén que su facturación en julio, agosto o septiembre no descenderá más del 75% respecto a los mismos meses de 2019, accederán directamente a la bonificación de cuotas durante esos tres meses. Ayuda mediante bonificaciones: 283,32 julio + 141,66 agosto + 70,83 septiembre =  495,81 (importes calculados para autónomos con cotización de base mínima y sin bonificaciones de tarifa plana). Siendo una bonificación incompatible respecto al punto siguiente,
• O bien si efectivamente prevén una situación de reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales. En tal caso, hasta el 15 de julio podrán solicitar la prestación que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Ayuda directa: 70% base reguladora: 661,08 * 3 = 1.983,24 €, si bien al tener que pagar íntegra la cuota de autónomos 283,32*3 = 849,96 €, podríamos decir que la ayuda neta ascendería a 1.133,28 €. (importes calculados para autónomos con cotización de base mínima). Señalar que la mutua comprobará y reclamará (sin intereses) la ayuda obtenida en caso de superación de los límites.

EN CONCLUSION 

La bonificación se orienta a aquellos trabajadores autónomos que han recuperado mínimamente la actividad, mientras que la prestación por cese será para aquellos que mantienen cerrados sus establecimientos o con una caída de ingresos casi total.

ayudaemprende.com y EXTERNALIX  te informan;

Fuente: ayudaemprende

La entrada Prestación de cese para los autónomos. Estado de la cuestión a partir del 1 de julio. se publicó primero en Externalix.

Desde Externalix, una de las asesorías en Asturias con más experiencia, te explicamos cómo hacerlo y qué gastos se pueden deducir.

La deducción de gastos de viviendas en el IRPF y el IVA

Cada vez más ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, informáticos, profesores, asesores de empresa, tele operadores, entre otros, trabajan desde su domicilio surgiendo rápidamente numerosas dudas acerca del régimen fiscal de su actividad.

Y cada vez son más los autónomos que buscan más información sobre el régimen especial de deducción de gastos relacionados con la vivienda en la que desarrollan su actividad económica. Este permite la deducción parcial de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda del autónomo.

Queremos aclarar que lo expuesto aquí afecta exclusivamente a los autónomos que desarrollan su actividad empresarial o profesional en el marco de la estimación directa del IRPF tanto en su modalidad normal como en la simplificada, no siendo aplicable a la estimación objetiva del IRPF ni a las sociedades mercantiles.

Podríamos decir que los autónomos “domésticos� combinan un régimen general de deducción de gastos (igual que aquellos autónomos que funcionan fuera de un local determinado o en otro lugar que no sea su domicilio), con un régimen “especial� de deducción de gastos relacionados con la vivienda en la que desarrollan su actividad económica.

Reglas de deducción de gastos

Desde un punto de vista general, los gastos, tanto de los usuales como de los relacionados con la vivienda, deben de cumplir unos requisitos esenciales de deducción:

• Estar vinculados a la actividad económica desarrollada.
• Ser propios de la actividad.
• Estar convenientemente justificados.
• Estar registrados y contabilizados en los libros obligatorios.

La especialidad viene dada por las limitaciones que la AEAT establece tanto en materia de IRPF como de IVA a la deducción de una serie de gastos comunes a la vivienda habitual y a la actividad económica.

Para un correcto enfoque de lo que coloquialmente denominamos “gastos domésticos� es preciso analizar por separado la normativa de los dos impuestos que nos afectan: el IRPF y el IVA.

IRPF en la nueva ley de autónomos

La normativa del IRPF permite la afectación parcial de elementos patrimoniales divisibles y entiende la vivienda como tal en la medida que su superficie puede ser aprovechada parcialmente para el desarrollo de la actividad económica.

Esta afectación parcial supone que se podrá deducir la totalidad de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda como pueden ser las amortizaciones, IBI, intereses, tasa de basuras, seguro, comunidad de propietarios, etc, proporcionalmente a la parte de la vivienda afectada.

La deducibilidad de los gastos de la vivienda del autónomo anteriormente mencionados está condicionada, además, a que queden convenientemente justificados mediante el original de la factura o documento equivalente y que estén registrados en los libros-registro.

Con motivo del inicio de la actividad y a la hora de cumplimentar el modelo 037 es necesario indicar los M2 que utilizamos en la vivienda y así evitar controversia con la Agencia Tributaria en caso de inspección.

Imaginémonos que tu vivienda mide 100 M2 y utilizas como despacho una habitación de 15 M2. Tienes pues afectada a tu actividad el 15%, pudiendo deducir el 15% de los gastos derivados de titularidad del inmueble.

Apreciaciones a tener en cuenta

No obstante, debemos de tener en cuenta algunas apreciaciones importantes:

1. Si la vivienda es en propiedad compartida con el cónyuge, para hallar el porcentaje de afectación entendemos que la vivienda es en propiedad al 100%, y en el caso anterior efectivamente el porcentaje de afectación sería del 15%.

2. Si la vivienda es en propiedad compartida con otra persona distinta del cónyuge (pareja de hecho, compañer@, hijos, etc), el porcentaje de afectación tendrá que referenciarse a nuestro porcentaje real de titularidad para la deducción de gastos de la vivienda del autónomo. Imaginémonos que somos titulares de la vivienda al 50% y el otro 50% es de nuestra pareja con la que no estamos casados, en este caso el porcentaje de afectación no sería el 15%, sino el 7,5% y tendremos que comunicar a hacienda a través del modelo 037 que los M2 utilizados no son 15 sino 7,5.

3. Si la vivienda es en propiedad en cualquiera de los casos anteriores y estás deduciendo la hipoteca por adquisición de vivienda habitual, en las declaraciones de la renta en las que convivan vivienda y despacho en el mismo piso, deberás deducir por dicha hipoteca en la parte proporcional que corresponda a la vivienda, de forma que no deduzcas los intereses dos veces. Así, siguiendo el ejemplo, y en caso de titularidad al 100% si has pagado en el año 1.000 € de intereses de hipoteca, utilizarás 850 € para la deducción por vivienda habitual y 150 € (el 15%) serán deducibles directamente en tu actividad. En definitiva, no puede haber duplicidad de deducciones fiscales.

4. Si la vivienda es en alquiler, se puede deducir la parte proporcional del mismo y de todos los gastos repercutidos por el arrendador. No obstante existe una objeción a tener en cuenta ya que hay que recordar que el alquiler de negocio obliga al autónomo a retener al arrendador, y al arrendador a emitir factura con IVA. Por lo tanto desde una posición “idílica� y para no tener problemas futuros con la Administración tributaria sería aconsejable conseguir un contrato de arrendamiento mixto que diferenciara el alquiler de la vivienda del de la habitación-despacho de la actividad, aunque somos conscientes del incremento de la carga administrativa que ello conlleva para las partes. Así y todo consideramos que el hecho de no conseguir ese contrato de arrendamiento “mixto� no debería ser impedimento para practicar la deducción que nos ocupa. Finalmente, en el caso que estés gozando de deducción por alquiler de vivienda, debes de evitar la duplicidad de deducciones fiscales haciendo los cálculos correspondientes y así evitar problemas futuros con Hacienda en caso de inspección.

En cuanto a otros bienes de inversión utilizados en la actividad que se encuentren en la vivienda, pero que no están vinculados a la titularidad de los mismos, por ejemplo mobiliario, equipos para el proceso de información, etc serán deducibles vía amortización proporcionalmente a la efectiva utilización en la actividad desarrollada.

En este punto no está mal recordar que la competencia para la comprobación de los medios de prueba aportados como justificación de las deducciones y gastos y para la valoración de las mismas corresponde a los servicios de Gestión e Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Y finalmente, ¿qué ocurre con otros gastos necesarios para la actividad que desarrollas y que se encuentran de alguna forma “anclados� a la vivienda? Estamos hablando fundamentalmente de suministros de la vivienda que utilizamos en nuestra actividad –luz, telefonía, internet-…..

En estos casos, Hacienda ha sido tradicionalmente muy restrictiva, pues considera que dichos servicios son indivisibles y, por lo tanto, no existe ninguna medición objetiva que pueda establecer el verdadero grado de afectación a la actividad económica, así que la AEAT se ha negado históricamente a aceptar cualquier tipo de deducción de estos gastos.

A partir el 10 de septiembre de 2015, con motivo de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la AEAT cambió ligeramente de actitud abriendo la puerta a la deducción de este tipo de gastos “doméstico-empresariales�.

Dicha tendencia se plasma definitivamente en el artículo 11 de la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del trabajo autónomo, que dice expresamente:

“Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa:

En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior�

Calificábamos antes como “decepcionantes� las nuevas medidas porque si te das cuenta las cantidades a deducir serán más bien modestas.

Ejemplo de deducción de gastos de una vivienda

Utilizas el 15% de la vivienda para tu actividad empresarial.

En el mes de noviembre tienes gastos por suministros por los siguientes importes (sin computar el IVA)

• Agua: 25 €
• Gas: 67 €
• Electricidad: 85 €
• Telefonía e internet: 35 €

TOTAL: 212 €

Cantidad a deducir: 212*30%*15% = 9,54 €

Verás que la aplicación es del 30% sobre el 15%. La norma abre la posibilidad a qué se pueda probar un porcentaje superior………..(contadores individualizados?, detalle concreto de consumos en horas laborales?)………..lo vemos complicado.

El IVA

A la hora de deducir el IVA de los gastos e inversiones comunes a la vivienda y la actividad del autónomo hay que diferenciar entre gastos y bienes de inversión.

Respecto a los gastos, decir que la AEAT no acepta “en ninguna medida ni cuantía� la deducción de las cuotas soportadas en las facturas derivadas de los suministros contratados en la vivienda (internet, luz, agua, teléfono). El criterio general de la Agencia Tributaria es no aceptar la deducción, ni siquiera proporcional, de los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y necesidades privadas.

Sin embargo, en el caso de los bienes de inversión, como por ejemplo la adquisición de un ordenador o el mobiliario del despacho, se permite la deducción total o parcial de las cuotas soportadas en proporción a su grado de afectación al desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

Si necesitas ayuda en la de ducción de los gastos de tu vivienda como autónomo, contáctanos. Como asesoría especializada en autónomos y emprendedores resolveremos todas las dudas que puedas tener.

Fuente: ayudaemprende

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La videoconferencia ha sido sin duda el servicio estrella durante este periodo de confinamiento.

Nos hacemos eco aquí del artículo publicado el 28/04/2020 “aplica estos consejos y protege tus videollamadas� en el blog de INCIBE (Instituto nacional de ciberseguridad)

“Este nuevo escenario no ha pasado desapercibido para los ciberdelincuentes que están al acecho de cualquier oportunidad. La amplia utilización de las herramientas de videoconferencia supone para ellos una forma más de hacer «caja» al aprovechar los descuidos de seguridad de las empresas y así obtener datos personales o secretos profesionales, por ejemplo para su venta o como motivo de extorsión.

Además, el aumento del uso de estas herramientas ha venido acompañado de la aparición de nuevas vulnerabilidades, algunas ya corregidas por los fabricantes, que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes, como la descrita en el aviso de seguridad Vulnerabilidad descubierta en el sistema de videoconferencia Zoom, y otras, como el malware Pykspa o ataques como Zoombombing.

Por todo ello, si vas a hacer uso de estas herramientas, sigue estas recomendaciones de seguridad, y revisa la política de uso de herramientas colaborativas para incluirlas.

Recomendaciones de seguridad en el uso de aplicaciones de videollamada

 

Las recomendaciones descritas en este artículo no están enfocadas en una herramienta específica, pero es recomendable que la aplicación elegida para realizar videollamadas nos permita elegirlas y configurarlas.

Utiliza un plan empresarial en lugar de uno básico

Mantener reuniones por videoconferencia de forma segura es imprescindible mientras esté presente el COVID-19. Debido a esta situación, muchas empresas han decido ofrecer de forma gratuita a los usuarios sus herramientas colaborativas.

No obstante, si utilizamos planes básicos o gratuitos de las herramientas colaborativas, no podremos aplicar algunas características de las opciones empresariales, que harán más segura su utilización. Por ello, siempre es recomendable decantarse por un plan empresarial verificando que cuenta con las propiedades necesarias para hacer un uso seguro.

¡Qué no se cuele nadie! Activa la sala de espera y bloquea la reunión

Esta funcionalidad añade a los participantes de una conferencia en un entorno previo a la reunión, así el administrador de la sala puede comprobar si los asistentes son los permitidos. Desde esta sala de espera, verificando la identidad de cada participante invitado, les dará paso a la reunión. De este modo, ante la entrada de alguien no autorizado, el administrador podrá denegarle el acceso a la reunión.

Una vez que todos los participantes se hayan incorporado a la llamada, se bloqueará el acceso a nuevos participantes a la reunión. De esta forma, aseguramos que sólo los participantes autorizados estén en la reunión evitando intrusos que puedan espiar nuestras conversaciones.

Requerir contraseña para acceder a la reunión

El acceso a cualquier videollamada siempre debe estar protegido por medio de una contraseña lo más robusta posible. Esta es la única forma, en muchos casos, de evitar que terceros no autorizados consigan acceso.

Muchas aplicaciones de videollamada cuentan con esta configuración habilitada por defecto. Si la aplicación que usas no lo hace por defecto, verifícalo para forzar su uso.

¡Vigila a quién le pasas la convocatoria!

Compartir el enlace entre los participantes de una videollamada es necesario para que esta se pueda producir. Para ello, es recomendable utilizar las funciones de compartición de las propias aplicaciones de videollamada. Evita en todo caso el uso de redes sociales o canales de comunicación inseguros para lanzar la convocatoria.

Video y micrófono apagados por defecto y ¡cuidado con lo que compartes!

Algunas funciones por defecto, como la cámara activada o el micrófono, pueden ser motivo de situaciones poco deseables. Los participantes que se unan a una videollamada no deben compartir su escritorio de forma predeterminada ya que esto puede provocar fugas de información. Los usuarios de una reunión siempre accederán sin mostrar su escritorio. El administrador será quien permita que ciertos usuarios muestren su escritorio cuando sea preciso.

La recepción de video permanecerá deshabilitada por defecto y solo se permitirá su uso cuando sea necesario, de esta forma se evitan posibles fugas de información y se reduce el consumo de ancho de banda. El micrófono también permanecerá apagado cuando no sea necesario su uso.

No está de más recordar que cuando un usuario comparte su pantalla con el resto de usuarios de la reunión debe evitar compartir información confidencial, como:

• nombres de usuario o nombre de dispositivo,
• documentos confidenciales,
• nombres de archivos o directorios sensibles,
• direcciones web del navegador.

Si el administrador pretende grabar la reunión, se lo comunicará a los participantes para que estos sean conscientes de ello.

Software actualizado y descargado desde la web oficial

La herramienta utilizada para realizar las videollamadas siempre estará actualizada a la última versión disponible. En caso de ser posible se marcará la opción de actualizaciones automáticas o que la aplicación avise al usuario en caso de existir una nueva actualización.

La herramienta debe descargarse siempre desde la web oficial del desarrollador o desde repositorios oficiales, como Google Play o App Store de Apple. Nunca se descargará de enlaces obtenidos en medios de comunicación, como el correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, ya que puede dirigir al usuario a sitios web fraudulentos. Con el auge de la necesidad de videollamadas, han aparecido cientos de sitios falsos en los que en lugar de descargar la aplicación descargas malware.

Conocer la política de privacidad de la herramienta

Antes de decantarse por una herramienta de videoconferencia u otra, se debe conocer la política de privacidad que sigue el proveedor, así se conocerá qué tratamiento realiza sobre la información confidencial. Algunas herramientas pueden seguir políticas cuya protección para los clientes no es tan robusta como la que ofrece el RGPD, por lo que siempre hay que saber cómo actúan sobre los datos tratados.

Cifrado de las comunicaciones

Esta será una de las medidas de seguridad imprescindibles con las que contará la aplicación de seguridad, de esta forma las comunicaciones no podrán ser espiadas por un tercero. Generalmente todas las principales aplicaciones cuentan con mecanismos de cifrado pero es conveniente comprobarlo antes de decantarse por una.

La información que se envía por medio de la herramienta, como son documentos confidenciales, se enviará cifrada previamente, así se añadirá una capa extra de seguridad en caso de acceso no autorizado.

Siguiendo estas recomendaciones, podrás realizar videollamadas de manera segura, tanto entre tus empleados como con clientes o proveedores. Si eres un usuario de este tipo de herramientas, aplícalas y difúndelas. Vamos a intentar crear entre todos un entorno de trabajo lo más seguro posible.

Si tienes dudas, llama al 017, la Linea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE. Expertos en la materia resolverán cualquier conflicto online relacionado con el uso de la tecnología y los dispositivos conectados�. Fin de la cita INCIBE.

El objetivo finalista de este artículo es la concienciación de  que cualquier aventura digital genera una exigencia en materia de protección de datos.

La ciberseguridad es la nueva llave de las empresas.

Externalix.dat.  08 de junio de 2020

Fuente: ayudaemprende

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La posibilidad de aplazamiento de impuestos de 6 meses para autónomos, pymes y micropymes.

¿Qué impuestos se pueden aplazar?

• Modelo 111, 115, 123 todos ellos relacionados con retenciones a trabajadores, profesionales, arrendadores, etc.
• Modelo 130, pago fraccionado del IRPF.
• Modelo 202, pagro fraccionado Impuesto sobre sociedades
• Modelo 303, el IVA.

¿Qué límite existe?

El importe límite a aplazar es de 30.000 € teniendo en cuenta la suma de todos los impuestos, y también los aplazamientos anteriores aún no cancelados.

¿En qué consiste el aplazamiento?

Que el pago de los impuestos aplazados se demora hasta el 20 de octubre de 2020.

¿Puedo fraccionar?

No, se trata de un único pago aplazado al 20 de octubre de 2020.

¿Puedo cancelar anticipadamente el aplazamiento dentro de los próximos seis meses?

Efectivamente, se puede cancelar y pagar cuando estimes apropiado. Solicitas una carta de pago y listo ¡¡ (con las instrucciones conocidas a día de hoy)

¿Qué intereses me cobrará Hacienda?

Los tres primeros meses serán sin intereses, del 4º al 6º mes los intereses serán inferiores al 1%.

ayudaemprende.com y externalix, te informan

Fuente: ayudaemprende

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