Crear una startup será más fácil con la nueva Ley Startups aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre, con vistas a su entrada en vigor durante el primer semestre de 2022 una vez concluya el trámite parlamentario.

Con esta medida se pretende el impulso de la creación y crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base digital y alto crecimiento y atraer talento e inversores internacionales.

Externalix, asesoría de emprendedores en Oviedo analiza aquí las tres claves principales de la Ley Startups;

1. Nueva definición de startup

Empresas de nueva creación o de menos de 5 años (7 años en el caso de empresas de biotecnologías, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), independientes de otras empresas, que no coticen en un mercado de valores, no distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros.

También se establece una ventanilla única, la Empresa Nacional de Innovación SME (ENISA), que otorgará la declaración del carácter innovador de la empresa.

Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como puntos de información sobre medidas de apoyo y ayudas.

2. Agilidad administrativa para startup

Se prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); la creación de la empresa por medios telemáticos.

Cabe recordar que con la aprobación de la Ley Crea y Crece, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, será posible crear una empresa con un solo euro de capital social. 

3. Atractivos fiscales para startup

De este modo, se reduce el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.

Elevación del importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuales

Ampliación de la base máxima de deducción en el IRPF, por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

Se permite el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente.

Eliminación de la obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

Otras novedades

Otro de los avances incluidos es el relativo a la figura de “nómadas digitales”

Como incentivo social, también cabe destacar la eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por cuenta ajena. 

El proyecto de Ley recoge otras medidas en favor de las empresas emergentes, como el fomento de la compra pública innovadora o la exención de la causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.

Acompañan a este proyecto de Ley distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer la financiación de las startups en España, entre las que destaca el FondoICO Next Tech y  la línea de financiación de ENISA, que cuenta con 51 millones de euros, orientada a la creación de startups lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador.

​Crear una startup será más fácil con la nueva Ley Startups.

Externalix asesoría de emprendedores en Asturias, es una entidad comprometida con el emprendimiento y la creación de empresas. A tu disposición para cualquier duda o aclaración a través de nuestro formulario de contacto.

Juan Menéndez

Redactor de contenidos de EXTERNALIX

Se rebaja así el límite anteriormente fijado en 2.500 €, que afecta a todo tipo de transacciones en las que una de las partes sea un empresario o profesional.

Externalix asesoría fiscal en Oviedo te comunica que el pasado 10 de julio se publicó en el BOE la Ley 11/2021, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164.

Una de las medidas incluidas en dicha ley y que más impacto puede producir en la microempresa es la limitación de los pagos en efectivo, que solo se podrán producir para operaciones inferiores a 1.000 € (antes el límite era para operaciones inferiores a 2.500 €).

La novedad no está en la limitación de los pagos en efectivo, sino en la reducción del límite;

• Antes 2.500 €
• Ahora 1.000 €

Afecta a las operaciones en las que al menos un interviniente lo hace como empresario o profesional, entre otras;

• Cobros de clientes.
• Pagos a proveedores y acreedores.
• Pago de nóminas.

La norma no afecta a las operaciones entre particulares.

¿Qué dice exactamente la norma?

 No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Es decir, no se puede fraccionar el cobro/pago de una misma operación identificable para “burlar” el límite de los 1.000 €

 ¿Qué se entiende por pago en efectivo?

• El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
• Los talones o cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
• Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Así pues, no solo hablamos de dinero en efectivo, también los talones al portador están afectos a la limitación.

Medios de pago para cantidades iguales o superiores a 1.000 €, entre otros;

• Recibos bancarios.
• Trasferencias bancarias.
• Talones o cheches nominativos.
• Pagarés y letras de cambio.
• Factoring, confirming, etc
• Tarjeta o medios electrónicos con identificación del pagador.

Los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Atención especial a las nóminas; no se pueden pagar en efectivo cuando tengan un líquido igual o superior a 1.000 €.

¿Qué sanciones trae consigo el incumplimiento de la norma?

Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida.

Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

La sanción consistirá en un 25% sobre la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros con una reducción del 50% en caso de pago voluntario al inicio del procedimiento sancionador.

El límite de 1.000 € ya es muy bajo. Externalix asesoría fiscal en Oviedo te recomienda la máxima observancia de la norma. Las sanciones son importantes por operación incumplida y pueden afectar a todos los actores involucrados (proveedores/clientes empresa o profesionales, clientes personas físicas y trabajadores).

Juan Menéndez

Ceo redactor de contenidos de Externalix

La Unión Europea se ha hecho eco del creciente malestar de la ciudadanía que siente como su privacidad es invadida por publicidad digital generada a partir de nuestros hábitos de navegación.

Los cookies son ficheros que se instalan en nuestros soportes (Pc, Tablet, Smart phone, etc) cuando navegamos por una web.

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Con la flamante normativa, el proveedor de servicios digitales (cualquier web corporativa, medios de comunicación, etc) deberá mostrarnos claramente información sobre el tipo de cookies que utiliza, proporcionarnos la posibilidad de modificar la configuración de aquellos que consideramos invasivos, y poner a nuestra disposición la casilla ACEPTO.

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La nueva guía sobre el uso de las cookies editada por la AEPD en julio de este año indica que el acceso a los servicios y funcionalidades de una web no debe supeditarse a la aceptación por parte del usuario, aunque también señala que pueden existir supuestos en los que la no aceptación impida el acceso y la utilización del servicio, extremo que habrá que informar ofreciendo además una alternativa de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso de cookies.

Sin duda alguna, la nueva reglamentación afecta de lleno a los sectores directamente implicados como el marketing digital y el de los medios de comunicación, los cuales dada la creciente concienciación ciudadana en este sentido, deberán revisar sus políticas publicitarias haciéndolas mas conciliables con la privacidad ciudadana.

ayudaemprende y EXTERNALIX DAT, te informan. Noviembre 2020.

Fuente: ayudaemprende

La nueva legalidad sobre el teletrabajo derivada del Real Decreto-ley 28/2020, analizada en nuestro anterior artículo, también regula las derivadas tecnológicas y otros aspectos relacionados con la protección de datos de carácter personal que esta modalidad conlleva.

Recordamos aquí que el ámbito de aplicación del teletrabajo es aquel que se desarrolla al menos en un 30% de la jornada acordada, que tiene carácter voluntario y que las condiciones de su ejecución deben de quedar recogidas en un acuerdo de trabajo a distancia formalizado por escrito.

Dentro del contenido mínimo obligatorio de dicho acuerdo se encuentran entre otros, aspectos de índole tecnológica como es la realización de un inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, los medios de control empresarial de la actividad y el procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

También dentro del acuerdo deben de abordarse  instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

Así mismo la norma establece que la utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados y que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

El Real Decreto-Ley indica que las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente.

Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades del trabajo a distancia.

También se indica el derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo limitando el uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada.

La empresa elaborará una política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona empleada vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en el trabajo a distancia y la organización adecuada de la jornada de forma que sea compatible con la garantía de tiempos de descanso.

Más allá de la buena fe contractual que preside una relación laboral las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre protección de datos y seguridad de la información fijadas por la empresa, así como las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos.

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

En definitiva con el fin de evitar conflictividad laboral, mientras los convenios colectivos no sean referencia en materia de teletrabajo, es fundamental el establecimiento de un acuerdo de trabajo a distancia que defina con la mayor claridad posible las condiciones de uso de los medios tecnológicos entregados, los periodos de desconexión digital, un protocolo de obligado cumplimiento en materia de seguridad informática y de protección de datos, y la implementación de medidas de control laboral en el marco de las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia.

A recordar como hecho muy relevante que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia, lo cual conduce a que sean las empresas las que faciliten los medios tecnológicos pues si fueran propiedad de las personas trabajadoras impedirían notablemente el desarrollo de las facultades de control inherentes a la figura del empresario.

EXTERNALIX, te informa.

Fuente: ayudaemprende

Nos hacemos eco hoy de una noticia importantísima : LOS AUTONOMOS SOCIETARIOS PUEDEN ACCEDER A LA TARIFA PLANA DE AUTONOMOS

Históricamente la Seguridad Social ha venido negando la tarifa plana a los autónomos societarios (personas soci@s de sociedades mercantiles que trabajan habitualmente en ellas y que cotizan por el régimen de autónomos por ostentar al menos el 25% del capital social de la sociedad)

A estos autónom@s se les aplicaba desde el inicio de su cotización la cuota ordinaria, lo cual suponía un hecho injusto y una desventaja competitiva muy importante respecto a los autónomos que actuaban empresarialmente como personas físicas.

Ahora la jurisprudencia creada por numerosas sentencias ha obligado a la Seguridad Social a reconocer formalmente el derecho de estos autónomos a la ayuda, de manera que los autónomos societarios podrán acceder a la Tarifa plana.

De esta forma, todos los nuevos autónomos que se den de alta como miembros de una sociedad mercantil, tienen reconocido el derecho a acogerse a la Tarifa Plana.

El criterio también permite reclamar a la Tesorería la prestación por parte de aquellos autónomos societarios que ya estuviesen dados de alta, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde el cobro de la primera cuota como autónomo societario. Para ello habría que presentar un escrito ante la Tesorería solicitando la devolución de los ingresos indebidos por no aplicación de la Tarifa Plana. La Administración tiene un plazo de seis meses para resolver la petición.

La devolución de ingresos indebidos puede suponer un bombazo económico para las arcas de la Seguridad Social teniendo en cuenta que un autónomo societario que solicite el cobro íntegro de todo el periodo bonificable, podría recuperar entre 2.500 a 5.000 € dependiendo del tipo de tarifa plana al que tendría derecho a la fecha de alta.

No obstante hay que tener en cuenda dos cosas:

• En el momento del alta habría que tener derecho a la tarifa plana:

Autónomo que se hubiera dado de alta hasta el 31 de diciembre 2017:

• Que haya sido su primera alta en RETA.
• Ó que no haya estado en alta en RETA en los 5 años anteriores a la fecha de alta.

Autónomo que se hubiera dado de alta a partir del 1 de enero de 2018:

• Que haya sido su primera alta en RETA.
• Ó que no haya estado en alta en RETA en los 2 años anteriores a la fecha de alta.
• Ó que no haya estado de alta en RETA en los 3 años anteriores cuando el trabajador autónomo ya hubiera disfrutado de la tarifa plana.

• Y que sólo se pueden solicitar las bonificaciones, cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde el cobro de la primera cuota como autónomo societario.

Así pues los autónomos societarios serán plenos beneficiarios de la tarifa plana. No obstante a la fecha de la presente, aún tenemos algunas dudas respecto a la mecánica de solicitud de ingresos indebidos, los cómputos de prescripción (desde la resolución de alta o desde la primera cuota no bonificada y no prescrita) y otra letra pequeña que pueda afectar a la condición doble de socio trabajador y administrador de la sociedad. La TGSS debería aclarar rápido la cuestión.

Inmediatamente nos pondremos a analizar los casos de nuestros clientes. Adjuntamos el cambio de criterio emitido por la TGSS.

EXTERNALIX INFORMA

Fuente: ayudaemprende